(Mujereshoy) La voluntad del presidente Tabaré Vázquez de vetar cualquier ley que despenalice el aborto, dificulta avanzar en el camino de reconocimiento integral de los derechos sexuales y reproductivos. No obstante, un amplio espectro de actores sociales continúa comprometido con la búsqueda de respuestas –preferentemente integrales pero, en su caso, también progresivas– a este grave problema de salud y justicia social que se expresa en una tasa de morbimortalidad materna superior aún a la prevista, según revelan los últimos registros del Ministerio de Salud Pública.

Una muestra de este consenso resultó del debate convocado por la Comisión de Salud y el Área de la Mujer y los Jóvenes de la Vertiente Artiguista (EP/FA/NM).

A partir de mayo de 2004, cuando el Senado rechazó el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva que contaba con la aprobación de Diputados, el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos, inclusivo de la despenalización del aborto, salió de la agenda parlamentaria. Y, aunque socialmente se mantuvo, perdió perfil público. Cuando el ya presidente de la República Tabaré Vázquez anunció su voluntad de vetar cualquier decisión legislativa que habilitara la interrupción voluntaria del embarazo no hubo sorpresa, porque la postura personal del mandatario era conocida, pero sí mucha preocupación por su implicancia en términos de la prometida profundización de la democracia.

Proceso creciente de reconocimiento

Desde hace 20 años, la ciudadanía uruguaya viene expresando al respecto una pluralidad de opiniones que sus representantes actuales no pueden ignorar. En efecto, a partir de la recuperación de la institucionalidad democrática en l985, el proceso de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos muestra en nuestro país una tendencia siempre creciente.

Como lo recordó durante el debate promovido por la Vertiente Artiguista la psicóloga Alejandra López, coordinadora de la Cátedra Libre de Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Psicología de la Udelar y co-coordinadora de Mujer y Salud en Uruguay (Mysu), el porcentaje de adhesión de la ciudadanía que durante la década 1985/95 era del 25 por ciento, pasó en 2004 a un 63 por ciento de apoyo al proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva en su integralidad. Particularizando en sus principales ejes, el 98 por ciento se manifestó entonces a favor de la educación sexual, el 95 por ciento por el acceso universal a la anticoncepción y el 45 por ciento por la despenalización del aborto en los términos de esa iniciativa.

Datos más recientes, provenientes del Proyecto Reproducción Biológica, Género y Generaciones, en el que coinciden dependencias gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e internacionales, muestran que la liberalización del aborto cuenta con el 54 por ciento de adhesiones, y el proyecto de ley con el 66 por ciento. Este proceso está sustentado en un debate social que se caracteriza por una madurez y complejidad argumentativa contrastante con la pobreza de las intervenciones legislativas que fundaron los votos en contra de la ley, y en general con la de los discursos políticos –como reconoce la senadora vertientista Margarita Percovich–, religiosos y de los sectores más conservadores de la sociedad.

Similar riqueza se advierte en la construcción de consensos entre diversos actores sociales, entre los que destacan la Universidad de la República –incluyendo un pronunciamiento expreso de su Consejo Directivo Central–, el PIT-CNT –que incluyó el tema en la proclama del último primero de mayo–, y la unanimidad en igual sentido del Sindicato Médico del Uruguay.

Un veto a contramano

La postura del presidente Vázquez también confronta con la de propia estructura político-partidaria que lo llevó al poder. El vicepresidente Rodolfo Nin Novoa explicitó el compromiso de reimpulsar la ley rechazada en la legislatura anterior, al igual que el presidente del Frente Amplio –hoy Ministro de Educación y Cultura– Jorge Brovetto.

El Partido Socialista, en cuyas filas milita el mandatario, fue el primero en expresar esa voluntad a través de Reinaldo Gargano, ahora canciller de la República. La reelecta senadora socialista Mónica Xavier no se cansa de reiterar su compromiso en el mismo sentido, ni se apea de su esperanza de convencer a Vázquez de que desista del anunciado veto para habilitar la aprobación de una ley que, en su caso, luego pueda plebiscitada para que se expida la ciudadanía.

Algo bien distinto de lo que está proponiendo el diputado forista Washington Abdala, autor de un proyecto de ley que opta por convocar al cuerpo electoral “para que manifieste su opinión sobre si el aborto voluntario debe ser castigado penalmente”, en oportunidad de los comicios del 2009.

Esta iniciativa, que López no dudó en calificar de “tomada de pelo a la madurez y profundidad del debate social”en la materia, no sólo parece olvidar que el aborto practicado en condiciones de riesgo es en Uruguay la primera causa independiente de morbimortalidad materna, sino que deriva la respuesta al problema a una decisión ciudadana no vinculante que, a diferencia de un resultado plebiscitario, puede ser desconocida posteriormente sin consecuencias.

¿De qué derechos humanos estamos hablando?

La senadora Percovich advierte sobre la inoperancia de construir una agenda política que no incluya como nudos los factores culturales que afectan el desarrollo social. Las políticas públicas así concebidas “no serán eficientes ni eficaces”, requisitos cruciales a la luz de otra dificultad: la de discutirlas con el equipo económico, ya que se sabe que “cualquier iniciativa en materia de salud sexual y reproductiva supone recursos, y lo poco tiene que ser efectivo”.

Para contextualizar el tema, la legisladora llama la atención sobre la extensión de los Derechos Humanos que la izquierda se comprometió a transversalizar en su gestión: “¿Quiénes son sus titulares?, ¿las niñas y niños lo son o no?, ¿las mujeres no son personas a la hora de decidir sobre su capacidad reproductiva, pero sí lo son para asumir después toda la responsabilidad de su prole?. Nadie discute que el embrión es vida, ¿pero es una persona social?. La izquierda no se hace estas reflexiones, no une estas cuestiones con los Derechos Humanos, que parece acotar a las consecuencias de su violación durante la dictadura”.

A esto se suma que el veto anunciado por Tabaré Vázquez marcó temprano –y negativamente– la cancha: “Traba y hace difícil avanzar en las batallas que se están dando para cumplir con lo que se comprometió ante la ciudadanía`. Sin perjuicio de instar a seguir trabajando por la salud sexual y reproductiva, incluso explorando pasos aproximativos, Percovich prefiere “no arriesgar proyectos legales que fracasen de entrada y queden archivados por toda una legislatura”, inclinándose por asegurar al menos los votos en una de las cámaras antes de reactivar la iniciativa rechazada por el Senado el año pasado.

Mientras, reducción de daños en serio

El doctor Leonel Briozzo, médico ginecólogo, coordinador de las Iniciativas Sanitarias para la prevención del aborto practicado en condiciones de riesgo, y de la clínica que a tal efecto funciona en el Hospital Pereira Rossell, es enfático: “Ante los derechos avasallados, hay que dejarse de contemplar y pasar a la práctica”. Conciente de que la coyuntura es complicada, no sólo a nivel nacional –en la reunión de Naciones Unidas donde acaban de evaluarse los avances en el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, la salud sexual y reproductiva fue eliminada de la agenda por presión del Vaticano– insiste en el camino de reducción de daños.

A partir de identificar la morbimortalidad materna por aborto inseguro como el emergente sanitario principal, y sin perjuicio de reconocer la coherencia del actual Ministerio de Salud Pública en la concepción e instrumentación de servicios para ampliar la aplicabilidad de los derechos sexuales y reproductivos, advierte sobre el surgimiento de lo que llama “neohipocresía”, sintetizable en el silogismo “Sin ley no se puede hacer nada, la ley no va a salir, entonces no se puede hacer nada”.

Las Iniciativas sanitarias no resuelven el problema de fondo, pero a un año de su aplicación en el Pereira Rossell los resultados son prometedores. El problema es que sus beneficios no llegan a toda la población mientras se trate de la iniciativa de un hospital. sólo una política de Estado puede asegurar su ampliación a todos los establecimientos de salud del país, públicos y privados.

Un Estado al servicio de la gente

Briozzo propone explorar también caminos alternativos, como el de intentar liberalizar el aborto por causales, y prioriza la meta de disminuir el número de abortos. A lo que Lilián Abracinscas, co-coordinadora de MYSU y reconocida militante por los derechos sexuales y reproductivos, contrapone “disminuir el número de embarazos no deseados, promoviendo la maternidad y paternidad responsables”, que es ni más ni menos el objetivo integral del proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva.

“Queremos que al actual gobierno le vaya bien, pero no a costa de decir amén a las decisiones de Tabaré Vázquez”, aclara Abracinscas, abundando sobre el significado de la postura del mandatario, que leída como pretensión de imponer su voluntad y creencias personales al conjunto de la ciudadanía, colide con el respeto a los programas comprometidos ante ella, y con los desafíos de la fuerza política de izquierda en materia de libertad, autonomía de poderes, justicia social, solidaridad.

A su juicio, proyectada más allá del aborto, supone iguales riesgos para cualquier otra expresión de profundización de la democracia.

Desde las propias filas gubernamentales, también se alzan voces que desafían la decisión presidencial. La doctora Cristina Grela, directora del Programa Mujer y Género del MSP, se afirma en su esperanza de poder implementar íntegramente los contenidos de la iniciativa legal por ahora desechada. Coincidiendo con la senadora Percovich, Grela apuesta a una reforma del Estado que privilegie el sentir y las necesidades de la gente antes que la obediencia a sus autoridades. Y reclama la movilización social en tal sentido, para que el Estado tenga que darse por enterado.