El Segundo Encuentro Social Alternativo, realizado en Camiri, en el Chaco Boliviano, reclamó la paridad y la alternancia en la futura Asamblea Constituyente, para garantizar la presencia de las mujeres en todo el proceso constituyente, y la participación equitativa de las y los jóvenes de menos de 21 años.

(Mujereshoy) Las organizaciones sociales representadas en el Segundo Encuentro Social Alternativo de Bolivia, realizado entre el 9 y el 11 de septiembre, exigieron que la Ley de Convocatoria a la próxima Asamblea Constituyente se apruebe en la legislatura actual, es decir, antes de las elecciones que se celebrarán el 4 de diciembre.

Las personas participantes de la mesa que el foro dedicó a este tema, estuvieron de acuerdo en apoyar el proyecto de Ley de Convocatoria de la Asamblea Constituyente propuesto por el Pacto de Unidad de las Organizaciones Indígenas, Originarias y Campesinas, al que se añadió la petición de paridad y alternancia en la Declaración de Camiri, el documento final del Encuentro.

La mesa de trabajo sobre la Asamblea reafirmó que el proceso constituyente es el resultado de una conquista de los movimientos sociales, resultado de las luchas que estos protagonizaron en los últimos años. Por ello, el Encuentro advierte sobre el peligro de que el gobierno que surja de las próximas elecciones generales quiera secuestrar esta voluntad de cambio y, para evitar que esto ocurra, exigió que la ley de convocatoria se apruebe en la legislatura actual.

Paridad y alternancia

El manifiesto final del Encuentro, la Declaración de Camiri, adopta el Pacto de Unidad y le añade un enfoque de género al ratificar la paridad y la alternancia para “garantizar la presencia de las mujeres” en todo el proceso constituyente y la participación equitativa de las y los jóvenes de menos de 21 años como candidatos y candidatas.

El tema de alternancia propició cierto debate entre los ponentes de la mesa sobre la Asamblea Constituyente. Algunos de ellos opinaron que todo lo que se debería exigir es la paridad, es decir, que en las listas electorales se incluyan el mismo número de hombres y mujeres y que, a partir de eso, los votantes elijan a un solo representante por escaño, sea éste hombre o mujer. Al final se impuso la propuesta del grupo de mujeres, que quería que para cada escaño se designe tanto a un hombre y a una mujer, que ejerzan el cargo alternativamente.

La dirigente indígena Nicolasa Machaca, una de las mil mujeres nominadas colectivamente al premio Nobel de la Paz, fue una de las defensoras de la alternancia, una medida que, para ella, animará a las mujeres a participar activamente en la Asamblea Constituyente. Machaca está segura de que así, las mujeres se harán protagonistas de una amplia lucha mediante la cual los que siempre fueron despreciados desalojen de los centros de decisión a “unos pocos que se han hecho con el poder y nos manejan”.

Pero, para Machaca, la situación ha cambiado mucho. Cree que las mujeres ahora están capacitadas para participar, y que “ya no es como antes, ahora podemos ser titulares y no suplentes”. La dirigente indígena afirmó que hay que aprovechar que las mujeres están incorporándose a la política para desplazar a esos hombres que “siempre han decidido por nosotras, sólo quieren que les votemos para que ‘ellos’ sean presidentes o diputados, pero luego se olvidan de sus promesas”.

Nicolasa Machaca es una dirigenta campesina, que desde muy joven y sin saber leer ni escribir se destacó en diferentes ámbitos, luchando por la oportunidad de capacitarse y poder difundir sus conocimientos. Soportó y sobrevivió la represión, la tortura y el confinamiento durante el régimen dictatorial de García Meza. Desde 1976 trabaja con la metodología participativa y llegando a pie a las comunidades más alejadas de Bolivia. Fundadora de la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, Nicolasa cree que otorgarle poder a las mujeres es un instrumento de desarrollo y de reducción de la pobreza.

La emancipación de las minorías

La candidata al Nobel entiende la lucha de las mujeres inserta en un proceso amplio de emancipación de las comunidades originarias bolivianas, y pide “leyes que defiendan a todos, sobre todo a los marginados”. Llamó a todos los grupos que tradicionalmente han quedado excluidos a “unirse y luchar juntos”.

La Declaración defiende esta idea, al pedir que la ley de convocatoria reconozca personalidad jurídica a las organizaciones locales y regionales de los grupos indígenas, para que éstos puedan presentar a sus candidatos. Ésta sería una forma de arrebatar el monopolio de la política a los partidos tradicionales y dar protagonismo a quienes tradicionalmente han sido marginados.

La lucha de los marginados sería la única forma de recuperarse de los agravios históricos y actuales que enumeró en su discurso: el problema de las tierras, la “pésima” calidad de la educación que se imparte en las comunidades y la falta de medicamentos y de servicios de sanidad adecuados.

A este llamado por la acción común respondió el representante del Movimiento Cultural Afroboliviano, Jorge Medina, quien pidió una alianza de su comunidad con los movimientos originarios. Para él, ésta sería la única forma de que se tenga en cuenta a un grupo étnico que por su tamaño –no más de 30.000 personas en todo el país– tendría poca capacidad de influencia. De esta forma, se quiere asegurar la presencia de “uno o dos representantes en la Asamblea” que trabajarán por una autonomía que uniera a los afrobolivianos y otros grupos étnicos desfavorecidos hasta ahora.

Nacionalización de los hidrocarburos

El manifiesto final del Segundo Encuentro Social Alternativo de Bolivia, la Declaración de Camiri, aboga por la nacionalización de los hidrocarburos, como punto principal de una política de “recuperación de todos los recursos naturales para todos los bolivianos y bolivianas”, y quiere que éstos se administren según “los principios de solidaridad y reciprocidad”. Todos los miembros de la mesa dedicada al tema energético estuvieron de acuerdo que esta nacionalización se debe efectuar sin pagar indemnizaciones a las empresas, debido a que sus contratos son ilegales.

El experto Mirko Orgaz considera que esta recuperación de los hidrocarburos se convertiría en “la billetera del proceso de cambio” general del país pues, según sus cálculos, esta operación generaría unos beneficios de unos 340.000 millones de dólares para el Estado.

Los hidrocarburos pueden y deben transformarse en una herramienta geoestratégica que facilite la integración regional, económica y política en Latinoamérica, y Orgaz está convencido de que Bolivia dispone de las reservas, los mercados y los gaseoductos para utilizar esta herramienta, teniendo en cuenta, además, que los países vecinos necesitan los productos energéticos bolivianos, a partir de ahí, la prioridad estaría en fijar unos precios adecuados.

Si Bolivia aprovecha sus oportunidades –asegura la Declaración– se convertirá en “el eje energético del subcontinente”, algo que será provechoso para toda la región. La principal amenaza a esta cooperación entre los países vecinos –y a las economías y sociedades de cada uno de ellos– está, según los movimientos sociales, en el ALCA y en los TLC. Por eso se emplaza el gobierno boliviano a no firmar estos acuerdos, ni ningún otro que comprometan los recursos naturales de su país.

Hidrocarburos y pueblos originarios

En Camiri hubo ciertas discrepancias sobre lo que supone la actual Ley de Hidrocarburos para los pueblos originarios bolivianos. Para Henry Tito, representante del Colectivo de Estudios Aplicados al Desarrollo Social (Ceades) la ley es “es un gran avance para los pueblos indígenas”, mientras que para Jesús Castillo, responsable de recursos naturales de la Asamblea del Pueblo Guaraní, “la nueva ley no es suficiente”, aunque reconoce cierto avance.

La actual ley de hidrocarburos dedica a los pueblos originarios 26 artículos, mientras que la anterior sólo les daba uno. En ellos se reconoce el derecho a la consulta previa, a la participación en los beneficios, a no ser expropiados, a obtener indemnizaciones justas, a que se respeten los lugares sagrados y a que los indígenas participen en control y monitoreo socio ambiental.

Para Tito, los desafíos están ahora en los reglamentos que desarrollarán la ley. En estos, afirma el dirigente, se podría colar la trampa, por lo que “hay que informar a los indígenas para que conozcan sus derechos y los ejerciten”. Ahora, dice Tito, “tenemos que estar atentos” para asegurar lo ganado y que los movimientos sociales se acuerden de esta ley en la campaña a las elecciones generales y en la Asamblea Constituyente.

La Asamblea del Pueblo Guaraní, por su parte, anunció movilizaciones desde esta misma semana para forzar al gobierno a que responda a su demanda de una participación del 10% en los beneficios. A partir de aquí seguirán presionando para que las mesas de negociación y monitoreo de la ley de hidrocarburos reflejen las propuestas de los pueblos originarios.