(Mujereshoy) El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, informó sobre el anteproyecto de ley que penará con multas, entre 301 y un millón de euros, a las empresas, personas físicas y jurídicas, que discriminen a personas con problemas de discapacidad.

En rueda de prensa posterior al Consejo, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, recordó que este texto fue reclamado por los afectados tras la aprobación, hace dos años, de la ley de igualdad de oportunidades. “Si no establecemos un régimen de infracciones y sanciones en la materia, la ley queda en papel mojado”, valoró.

El anteproyecto de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad será remitido ahora al Consejo de Estado, con carácter previo a su remisión a las Cortes.

Este anteproyecto de ley tiene como objetivo establecer un régimen sancionador eficaz ante las infracciones que vulneren la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

El texto llega al Consejo de Ministros tras las reclamaciones del movimiento asociativo de la discapacidad y sus familias. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha participado en su elaboración y este proyecto ha sido informado favorablemente por el Consejo Nacional de la Discapacidad.

En virtud del anteproyecto, se considerarán infracciones administrativas las vulneraciones del derecho a la igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas.

También se penarán los acosos, incumplimiento de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas, especialmente cuando se deriven beneficios económicos para el infractor.

Las infracciones serán “leves”, “graves” o “muy graves”, según la gravedad de los hechos punibles. Así, serán sancionadas con multas que irán desde un mínimo de 301 euros hasta un máximo de un millón de euros. Los criterios tenidos en cuenta en la graduación de las sanciones serán la intencionalidad del sujeto infractor, la negligencia, el fraude, el incumplimiento de las advertencias previas, el volumen de negocios y el número de personas afectadas.

De la Vega explicó además que “es misión de la sociedad, del estado y también por supuesto del Gobierno asegurar que las personas con discapacidad cuenten con garantías del respeto a sus derechos, con garantías de acceso al trabajo y a los servicios y con garantías para que no queden como ciudadanos de segunda”, añadió.

La intención del gobierno es “ponérselo más fácil a las personas con discapacidad y más difícil a quienes atenten contra la igualdad para que nuestra sociedad sea cada vez más justa y sus ciudadanos más libres y solidarios”.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera recalcó que la norma “garantizará los derechos de ciudadanía” para este sector de población. Caldera advirtió que la discapacidad “sólo es una condición física y no una barrera para alcanzar la plena ciudadanía”.

Cuando entre en vigor esta norma –señaló– “cualquier ciudadano discapacitado que vea vulnerados sus derechos podrá recurrir a la Administración para exigir el cumplimiento de la norma que castigará con sanciones muy elevadas el incumplimiento de las obligaciones legales o la agresión de cualquier tipo”.