Es la pregunta que se formula desde diversos ámbitos de la sociedad, especialmente luego que el presidente Tabaré Vázquez anunciara su voluntad de vetar cualquier resolución legislativa que despenalice el aborto en Uruguay. Sin embargo, hay percepciones distintas sobre los efectos de este pronunciamiento presidencial.

(Mujereshoy) Las percepciones van desde la potenciación del debate en la base ciudadana hasta un “desinflamiento” de la impronta de cambio. Lo cierto es que en los primeros seis meses de este año se registraron doce muertes maternas (una más que durante todo el 2004), y cinco de ellas fueron a causa de abortos provocados en condiciones de riesgo.

En el marco del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, organizaciones de mujeres y sociales se reunieron para poner en común información sobre lo que se está haciendo en pro de impulsar soluciones al grave problema de salud pública, derechos humanos y justicia social que significa el aborto inseguro, consecuencia directa de la penalización vigente.

De que el tema importa dio cuenta la respuesta a la convocatoria, que incluyó a mujeres con cargos de responsabilidad en los actuales poderes Legislativo y Ejecutivo. Entre ellas, la senadora encuentrista Margarita Percovich, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Carmen Beramendi; de Desarrollo Ciudadano del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Mariella Mazzotti; del Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género del Ministerio de Salud Pública (MSP), Cristina Grela; de la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Municipal de Montevideo, Elena Ponte.

Esta coincidencia con las representantes de la sociedad civil marca continuidad con la forma en que se ha venido trabajando hasta ahora: siempre en estrecho contacto con las referentes en la estructura de gobierno, muchas de las cuales provienen de las organizaciones de mujeres.

Instancias gubernamentales

La situación en el Legislativo fue sintetizada por Percovich: se evalúa conveniente postergar la reinserción en la agenda parlamentaria del proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva – rechazado por el Senado en mayo de 2004, cuando ya contaba con la aprobación de Diputados– hasta el 2006, una vez culminado el debate del presupuesto quinquenal.

“No es tiempo perdido, se están ‘cultivando’ votos”, precisó la senadora, adelantando que ya se contaría con los necesarios en la Comisión de Salud de la Cámara que integra.

El paréntesis también permitirá, a su juicio, mejorar el texto de la iniciativa, para dotarla de un contenido más preceptivo que programático, evolución habilitada por el compromiso declarado del actual gobierno con la salud sexual y reproductiva.

Desde el Ejecutivo, Grela prioriza “mostrar evidencias” –como la prevalencia de muertes maternas por abortos inseguros– para apuntalar la necesidad de formular políticas tendientes a evitarlas.

Tanto Percovich como Grela coinciden en que será la presión social, sustentada a su vez por las urgencias cotidianas, la que marque la agenda tanto parlamentaria como ejecutiva.

Herramientas para promover la movilización de las ciudadanas por sus derechos pueden encontrarse en el Plan Nacional de Emergencia, cuyo desarrollo supone un contacto inmediato con las mujeres más pobres y por lo tanto las más expuestas a sufrir daños por abortos provocados en condiciones de riesgo.

El obstáculo presidencial

Entre las organizaciones sociales hay valoraciones diferentes sobre el estado del debate social. Ejemplo de ello es la convicción de Lilián Abracinskas de que no solo no finalizó sino que se ha multiplicado, que confronta con la del ex diputado Rafael Sanseviero, quien cree que “desde que Tabaré Vázquez mandó parar”, se produjo un cierto “disciplinamiento” y la sociedad civil quedó a la expectativa.

“El aborto es hoy un tema de debate político casi ineludible”, enfatiza la primera, destacando el papel de los medios de comunicación para su permanencia en el tapete.

Terreno común entre ambas posturas sería la evidencia de que si bien el debate exhibe perfil público más bajo, no falta a nivel comunitario y sigue sumando otras expresiones como la inclusión del tema en la proclama del PIT-CNT del último primero de mayo, el foro que recientemente habilitó la Vertiente Artiguista con una muy plural y abundante respuesta, la lectura protestante de la Biblia que habilitó la Iglesia Valdense, por citar sólo algunos ejemplos.

Impronta de cambio

Uruguay es uno de los diez países del mundo que iniciaron un proceso para garantizar los derechos sexuales y reproductivos. Y lo hizo en el peor contexto: cuando el presidente de Estados Unidos condicionó la continuidad de subsidios a actividades internacionales de salud sexual y reproductiva a la eliminación del aborto, y la Iglesia Católica reforzó su presión en igual sentido en cuanta oportunidad se le presentó.

No obstante, hoy son muchos los países de la región donde se discute al respecto: Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Surinam, Venezuela y hasta Chile, donde las condiciones son particularmente difíciles.

En la reunión del 29 de septiembre quedó clara la voluntad de las organizaciones de la sociedad civil de desarrollar acciones autónomas con movilización social para acumular en la continuidad de un proceso a favor de la despenalización del aborto, y la de concretar acciones en torno de fechas simbólicas como el 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, y el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, se acordó aprovechar instancias como la reunión de activistas de la región que se realizará a fines de noviembre en Montevideo. El 27 de octubre, habrá una segunda instancia de intercambio, en la que se prevé analizar una agenda más detallada.