En el siguiente artículo, Isabel Villar nos ofrece un amplio panorama de las acciones llevadas a cabo en Uruguay con motivo del Día Internacional “No Más Violencia Contra la Mujer”, que movilizó a instancias de gobierno, sindicatos y organizaciones de mujeres.

Por primera vez en Uruguay, y superando el clásico centralismo montevideano, en torno al 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, se movilizó todo el país. Un grupo interinstitucional, creado a iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) e integrado por efectores gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, promovió y coordinó una agenda única de variadas actividades con un objetivo común: sensibilizar y concientizar sobre el grave problema de derechos humanos, salud, economía y afectación del capital social que supone la violencia doméstica que victimiza preferentemente a la población femenina.

Excepciones a la regla

La ingeniera María Simón, presidenta del directorio de Antel no tiene dudas: las empresas públicas no deben dar pérdidas, por respeto a sus clientes y a sus dueños, que son todos los uruguayos y uruguayas. Por eso, en general, Antel no concede gratuitamente servicios de telecomunicaciones.

Claro que por imperio de las responsabilidades sociales, hay excepciones a la regla y una se concretó el 24 de noviembre, cuando Antel puso sus modernas instalaciones y tecnología de punta al alcance del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) , el Departamento de Género de la Central de Trabajadores de Uruguay (PIT-CNT) y el grupo interinstitucional de trabajo en violencia doméstica, para que mediante una videoconferencia –en la que Simón también participó- se estableciera contacto con y entre todas las dependencias y organizaciones que en cada capital departamental y en otras ciudades como Bella Unión (Artigas) y Punta del Este (Maldonado) estaban a cargo de actividades conmemorativas del 25 de noviembre.

La razón, explicó Simón, fue "la especial importancia y terrible incidencia social de la violencia" de género, que pone en tela de juicio la democracia. "Las telecomunicaciones ayudan a que ciertos grupos que se creen minoritarios comprendan que no lo son´", y a que "las víctimas pierdan la verguenza por su situación", agregó. También a "mostrar las distintas expresiones del fenómeno" y a "pasar de individuos aislados a individuos en red que cobren conciencia de sus posibilidades".

Voces sindicales

Amagda Caetano, en nombre del Departamento de Género del PIT-CNT difundió a todo el país una proclama que aboga por un ámbito de trabajo libre de acoso moral, una ley que proteja las libertades sindicales y no más muertes por violencia doméstica.

El acoso moral en el trabajo, que hoy es materia de estudio y reivindicación del movimiento sindical, "como toda forma de violencia, habla de una relación asimétrica de poder, y por tanto romper el silencio es el primer paso", expresa el documento que reclama una norma para prevenirlo, su inclusión como cláusula en la negociación colectiva y sensibilización de mandos medios, gerencias, jefaturas, trabajadores y trabajadoras en general.

Respecto de la violencia doméstica, el área especializada del PIT-CNT demanda presupuesto para dotar de "herramientas a los poderes públicos que deben actuar", más redes de apoyo para derivar a las víctimas y una política pública de salud.

A la presidencia de Antel le formuló un pedido concreto, que lleva la firma de Juan Castillo, secretario de organización del PIT-CNT, y de las responsables de su Departamento de Género y Equidad, Alma Fernández y Nohelia Millán: un tiraje de tarjetas telefónicas que recuerden los derechos de las trabajadoras, como el de disponer de un día anual de licencia con goce de sueldo para practicarse exámenes preventivos de cánceres mamario y cervicouterino.

Emergencia social

Carmen Beramendi anunció que en el Inamu que dirige se están empezando a diseñar sistemas de información que permitan medir el impacto de la violencia doméstica, cuya inclusión en el sistema nacional de indicadores de género es parte de un convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Otra novedad es que el Inamu convocará próximamente concursos de investigación sobre aspectos específicos del problema.

Acciones en curso en ese ámbito son los talleres regionales de formación de recursos humanos, un programa intenso de fortalecimiento del sistema de justicia que se ejecutará en 2006; otro para los funcionarios de las comisarías de la mujer en convenio con el Ministerio del Interior, y uno más de capacitación al personal educativo que también se desarrollará el año próximo.

El Inamu hizo planteos presupuestales para el futuro inmediato, con el objetivo de que ningún departamento carezca de al menos un servicio especializado en prevención y atención de la violencia doméstica. Beramendi evalúa que en 2006 se podrán implementar en al menos 4 de ellos. Mientras, se avanza en la instalación de las Comisiones Departamentales de lucha contra la violencia de género. Ya existen en San José y Durazno. Antes de que termine este mes contarán también con ellas en Colonia, Soriano, Canelones, Paysandú y Maldonado.

La violencia doméstica es parte de la emergencia social, por lo que en el paquete informativo que reciben las y los protagonistas del Panes se incluye el folleto Mano a Mano con información simple y amena orientada a la prevención. La respuesta no se hizo esperar: en las últimas semanas, alrededor de 40 mujeres acudieron al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en busca de ayuda. Con un promedio de edad de 35 años, la tercera parte tiene menos de 25. En todos los casos, el agresor es el varón de la pareja.

Red interinstitucional

Ricardo Pérez Manrique, ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, integra el Consejo Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, cuyo primer logro fue el Plan Nacional de lucha contra la violencia doméstica, aprobado por el Poder Ejecutivo en junio de 2004. Creado por la Ley l7.514, en este Consejo coinciden dependencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.

El magistrado -para quien el primer gran avance conceptual en la materia se da en la segunda mitad del siglo XX, cuando por primera vez el derecho internacional asume que la familia es una institución sagrada inviolable solamente cuando no se violan los derechos de sus integrantes- evalúa que si bien ha aumentado el número de denuncias, "sigue el miedo: las víctimas no denuncian o si fracasan la primera vez, agachan la cabeza". "Denunciar es proteger" enfatiza, pero a su juicio para fomentarlo hay que modificar las condiciones que hacen que el espacio de justicia paralice a quienes sufren, y garantizar recursos de acompañamiento a la persona vulnerable.

Protección de las víctimas, abatimiento de la impunidad, prevención de la victimización secundaria y creación de cuidados para el cuidador son premisas indispensables de una intervención eficaz, puntualiza Pérez Manrique. Mientras él reclama "alguna capacidad operativa" para el Consejo que integra, la Red Uruguaya contra la violencia doméstica y sexual denuncia que en algunos casos no se está cumpliendo con la designación de representantes de la mayor jerarquía.

Otras urgencias identificadas por la red son: política de Estado y presupuesto adecuado que permita poner inmediatamente en marcha el Plan Nacional; formación y capacitación de los operadores; servicios especializados para víctimas y victimarios, juzgados especializados en cada departamento; inclusión del tema en la currícula educativa; compromiso de los medios de llamar a las cosas por su nombre, desterrando el invisibilizador "crimen pasional".

Andrea Tuana, coordinadora de la red, convoca también a mejorar las respuestas de contención y sostén a las víctimas, evitando aquellas que terminan provocando más daño como forzadas reanudaciones de vínculos que avalan la discriminación. "Hay que trasformar las práticas, pero antes las concepciones que las sustentan, comprendiendo que la violencia de género constituye una grave violación a los derechos humanos", advierte Tuana.

En representacion de la Red Temática de Estudios de Género de la Universidad de la República, en el Paraninfo de la alta casa de estudios la doctora Helena Sarli comprometió la cooperacion de ambas instancias, y propuso pensar en una ombusman para violencia doméstica. Actualmente esta red está abocada a reunir y sistematizar las investigaciones sobre género que vienen realizándose desde l998 en la Udelar, donde en 2001 también se creó un grupo interfacultades de estudios sobre violencia doméstica. Con intenciones de influir en la currícula, desde hace 4 años ofrece asimismo cursos para graduados sobre género, y colabora a través de estudiantes y egresados en la atención de las víctimas de violencia.

Me muero por vos


"Cuando no se implementan medidas para erradicar la violencia de género y las mujeres mueren por causas evitables; cuando se sufre maltrato, violación, acoso; cuando se producen embarazos no buscados y tiene que practicarse abortos en condiciones de inseguridad y riesgo, cuando no hay acceso a la prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, cuando se coarta el ejercicio libre de la sexualidad, cuando no se respeta la diversidad sexual, cuando por igual trabajo se percibe menos salario, cuando se restringe el acceso a cargos de decisión, cuando la sociedad delega en las mujeres toda la responsabilidad de las tareas del hogar, de la socialización y atención de niñas y enfermos. Cuando no se garantiza a todas las mujeres igualdad de oportunidades y condiciones para ejercer libremente todos los derechos, estamos frente a situaciones de violencia".

Así ilustró la Comisión Nacional de Seguimiento- Mujeres por democracia, equidad y ciudadanía - una instancia de coordinación que aglutina a organizaciones de mujeres y sociales de todo el país- de qué se habla cuando se habla de violencia de género. Advirtiendo que se trata de un atentado contra los derechos humanos, la CNS reclamó "respaldo político" y "asignación adecuada de recursos económicos y humanos para que efectivamente se pueda garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, niñas y niños".

Solidaridad con Guatemala

El 24 de noviembre, Amnistía Internacional- Sección Uruguay organizó un plantón frente a la embajada de Guatemala, como forma de protesta contra la interminable secuencia de feminicidios en ese país, que según cifras oficiales ascienden a 1.118 de 2001 y 2004 a 531 sólo entre enero y octubre de 2005. Vestidas de blanco y con una banda negra, una delegación de las mujeres allí reunidas fue recibida por el embajador en Uruguay , Fernando González Davison, a quien se le hizo entrega de una carta que reclama investigaciones inmediatas, completas y efectivas sobre todos los casos de secuestro y asesinato de mujeres y niñas, entre otras medidas. González Davison, sin perjuicio de evaluar positivamente la intervención de AI, explicó avances y dificultades de esta tarea en su país. La actividad se realizó simultáneamente en 8 países de la región (Argentina, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) en el marco de la Campaña Mundial para combatir la Violencia contra la Mujer que está desarrollando AI.

Sacándole espinas a la vida

En Montevideo, la conmemoración del 25 de noviembre terminó con una movilización en la Plaza Fabini, en la que participaron tanto representantes de las organizaciones de mujeres y sociales como funcionarias gubernamentales y parlamentarias. Múltiples consignas, entre las que abundaban pronunciamientos a favor de la defensa de la salud sexual y reproductiva y la legalización del aborto, aparecían en carteles, folletería y adosadas a los cuerpos de las protagonistas. Algunas llegaban con bocas y ojos tapados, para deshacerse sobre el final de esas vendas en alusión a la mayor conciencia de los derechos que deben adquirir las mujeres.