El 25 de noviembre, y en base a datos fragmentados disponibles, la Bancada Femenina Bicameral adelantó una cuantificación de la violencia doméstica y sexual, y anunció la creación de un Observatorio para dar seguimiento a las denuncias de mala praxis judicial que llegan al Parlamento.

Basada en estadísticas confeccionadas por el Departamento de Datos, Estadísticas y Análisis del Ministerio del Interior, la diputada Lilián Kechichián anunció que de enero a setiembre de 2005 se registraron 5.079 denuncias por violencia doméstica y 873 por violencia sexual. Hay que advertir que estas cifras, coincidentes con las publicadas por La República de las Mujeres en su edición del pasado 20 de noviembre, no incluyen denuncias por lesiones también asociadas a la práctica de violencia doméstica.

Tampoco los homicidios, ni otras de sus expresiones, como violaciones de domicilio y daños en bienes de las víctimas. Otros datos del MI revelan que en el período indicado hubo 150 homicidios en el país. Confrontados con información de prensa, al menos 26 de esas muertes (casi el 20%) tuvieron como causa la violencia doméstica, lo que permite a la Bancada Femenina estimar que en Uruguay cada 11 días murió una mujer por esa causa.

La prensa también muestra que el 65% de los feminicidios ocurrieron en el interior del país, y el 35% en Montevideo. El 96% de las víctimas fueron mujeres, con edades de entre 2 y 88 años; 15% de ellas –todas del sexo femenino- eran menores de edad.

El 91% de los victimarios fueron hombres, con edades entre l9 y 82 años; el 43% de ellos se suicidó. Las armas de fuego constituyeron el medio más empleado para matar (59% de los casos), seguido por las armas blancas (l9%), los golpes (7%) y el estrangulamiento (4%).

Denuncias al Parlamento

La Bancada Femenina Bicameral está especialmente preocupada por la cantidad de denuncias que llegan a las Comisiones de Género y Equidad y de Derechos Humanos, cuando no directamente a los despachos de sus integrantes. Vienen de la mano de mujeres que sienten que sus derechos y los de sus hijas e hijos no son debidamente contemplados por la Justicia. La lentitud de los procesos no se compadece de la gravedad de las situaciones, profundiza el deterioro de las víctimas, que a su vez arrastra el de sus representantes legales y otras personas que las acompañan. La senadora Margarita Percovich lo adjudica a resistencia a aplicar la Ley l7.514 y deficiencias en la capacitación de los actores judiciales.

Sin perjuicio de que varios de los antecedentes en poder de la Bancada Femenina ya fueron entregados para investigación a la Suprema Corte de Justicia, diputadas y senadoras crearán un Observatorio para dar seguimiento a las denuncias, lo que no excluye la remisión de las pruebas de irregularidades a la justicia penal.

La diputada Beatriz Argimón advierte que aunque el número creciente de denuncias no permite aventurar que haya más violencia doméstica, “ es un éxito, porque si se denuncia más es porque más mujeres se animan a hacerlo; ahora hay que ver como hacerlas sentir menos solas”. Como es un éxito que se haya echado a andar el Plan Nacional de Violencia Doméstica, haciendo convenios con los respectivos ministerios que se financiarán con los recursos asignados a cada uno en el nuevo presupuesto.

Dos fiscalías más

Lo que quedó en el debe es el atraso en la designación de fiscales para los juzgados especializados. No obstante, Percovich anunció que todas las bancadas se comprometieron a apoyar la financiación de dos cargos, para lo que se cuenta con el apoyo de los ministerios de Educación y Cultura, que enviará al Parlamento el correspondiente proyecto de ley, y de Economía y Finanzas que aprobará los recursos presupuestales. Al Poder Judicial le queda facilitar la capacitación y dar soporte edilicio a las respectivas fiscalías.

En materia de legislación, se emprenderá próximamente la reforma del Código de la Niñez y la Adolescencia, para adicionar medidas de prevención del maltrato y abuso infantil. Pendiente continúa la batalla con el Codicén y la Anep para incorporar la prevención de la violencia doméstica a la currícula educativa, particularmente en la formación de docentes, que cotidianamente experimentan la angustia de la falta de herramientas para manejar las situaciones que se les presentan en las aulas.