Instaladores de minas personales, estafetas o mensajeros, espías, encargados de la compra de provisiones o asesinos, son algunas de las “funciones” que cumplen los siete mil niños y niñas colombianos que participan en las guerrillas o grupos militares. Una ¿vida? a la que fácilmente se ingresa, pero que es casi imposible abandonar.

(Mujeres Hoy) La Agencia de Noticias del Ejército (ANE) colombiano dio a conocer como gran logro esta pasado fin de semana un informe donde asegura que en los últimos cuatro años 784 niños y niñas han salido de las filas de los grupos guerrilleros que operan en el país sudamericano. Según el documento, durante 2002, 394 menores dejaron las armas y en lo que va de este año, ya son 184.

Según el documento, los menores de edad habían sido reclutados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Los niños que dejaron las armas ascendieron a 568, es decir, el 72 por ciento; mientras que las niñas desmovilizadas fueron 216, o sea, el 27 por ciento.

El informe asegura que el 72,83 por ciento de los menores que salieron de la guerrilla lo hicieron de forma voluntaria. En tanto, un 27,17 por ciento fue capturado durante operaciones militares.

Un triste logro, que puede enorgullecer a los uniformados colombianos, y que crudamente nos recuerda la dramática realidad de miles de menores de edad -según la Unicef alrededor de siete mil niños y niñas participarían en las guerrillas y grupos paramilitares- que aquí, en Latinoamérica, simplemente no conocen la infancia.

Difícil es precisar el momento en que los niños y niñas se vieron involucrados directamente en esta espiral de violencia que sacude a Colombia, pero el inicio de la crisis se puede situar hace 50 años atrás, cuando comenzó una brutal lucha entre los dos partidos políticos principales del país, que duró 16 años y en la que perdieron la vida 300 mil personas.

En la actualidad, la mitad de Colombia está bajo el control de dos ejércitos guerrilleros que estarían conformados por alrededor de 25 mil combatientes: las FARC y el ELN. Se estima, además, que hay también unos 8 mil individuos organizados como efectivos paramilitares, agrupados en las Autodefensas Campesinas Unidas (ACU).

Solamente en el último decenio (1990-2000), la guerra en Colombia obligó a más de un millón de personas -casi 1 de cada 37 colombianos/as- a abandonar sus hogares. La mayoría de los desplazados proceden de comunidades rurales pobres y una cantidad importante son indígenas o de raíces africanas.

Más del 70 por ciento de estos desplazados son mujeres y niños/as que huyen a las grandes ciudades sumidos en una abyecta pobreza. Es en este panorama donde los menores son reclutados -algunos se acercan incluso voluntariamente- como combatientes de esta verdadera guerra civil.

Según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo Colombiana en 1996, el 86 por ciento de los niños y niñas que se enrolaron en la guerrilla lo hicieron de forma “voluntaria”. De este porcentaje, un 33 por ciento lo hizo en busca de un reconocimiento o identidad social; otro 33 se sumó a la guerrilla para tratar de modificar su situación socioeconómica; un 17 por ciento sentía una proximidad ideológica (en muchas regiones, los menores crecen rodeados de guerrilleros y por tanto se identifican con ellos); y un 8 por ciento se enroló para vengar la muerte de un pariente, para protegerse contra los ataques de otros bandos en el conflicto o para recuperarse de la separación de un amigo o una amiga.

Cabe reflexionar, eso sí, que la noción de reclutamiento “voluntario” no tiene mucho significado en este panorama. Cuando los menores disponen de muy pocas opciones son fácilmente sometidos a manipulaciones y objeto de presiones sociales, entre las cuales se hallan las de sus propios familiares o comunidades.

Otra forma de ingreso a este mundo es a través de una especie de servicio militar obligatorio de los grupos paramilitares llamado Bono, donde obligan a las familias a entregar a sus hijos durante dos años. En Colombia, el servicio militar es obligatorio para todos los varones. Sin embargo, son los sectores populares, campesinos y de barrios marginales los que aportan a sus hijos para las filas de las fuerzas armadas.

Los niños y niñas que forman parte de los grupos armados participan muchas veces en acciones de combate y en otras tareas no menos peligrosas, tales como la instalación de minas antipersonales, labores de correo como estafetas o mensajeros, delación, espionaje o compras de provisiones.

Los alrededor de siete mil menores de edad -cifra aproximada porque tampoco se ha determinado el número de infantes que ha nacido dentro de estos movimientos- están además bajo riesgo constante, puesto que viven en guarniciones y/o poblados ubicados en zonas de alta confrontación.

Los mínimos avances del gobierno

En diciembre de 1997 el Congreso colombiano promulgó la ley 418. En su capítulo 2 consagraba normas para proteger a los menores de edad de los efectos del conflicto armado. Concretamente, en el artículo 13 la ley determinaba que “Los menores de edad no serán incorporados a las filas para la prestación del servicio militar”.

Esta ley dejaba la posibilidad que los menores ingresaran voluntariamente al Ejército, con autorización escrita de sus padres. Para esto la norma señalaba que “Los menores reclutados no podrán ser destinados a zonas donde se desarrollen operaciones de guerra ni empleados en acciones de confrontación armada”.

Finalmente, en julio de 1999, esta ley fue modificada y se prohibió con claridad el ingreso de menores de edad al servicio militar obligatorio, desvinculándose a los menores de 18 años que se hallaban en sus filas, cifra que ascendía en ese momento a 980 niños.

Un año después, en septiembre de 2000, el gobierno de Colombia firmó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de los niños y niñas en los conflictos armados. Dicho protocolo incrementa de 15 a 18 años, la edad en que se permite participar en un conflicto armado y prohíbe el reclutamiento obligatorio de personas menores de 18.

Infancia sin esperanzas

Pese a los tibios esfuerzos legales y del Ejecutivo por alejar a los niños y niñas del conflicto que sacude a Colombia, otra cruenta arista se abre en los menores desvinculados de la guerra. Ya sea que se alejaron de la guerrilla o de los paramilitares por deserción, captura o entrega de la organización armada a las autoridades, estos niños y niñas sufren obvios traumatismos por la experiencia de violencia, la pérdida de lazos familiares y por el miedo permanente a ser objeto de ajusticiamiento por parte de los grupos armados a los que pertenecían.

De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, en 1999 más de 460 menores murieron como resultado directo de conflictos armados, mientras que 4 mil 600 fallecieron asesinados por otros efectos.

La infancia en Colombia vive en la violencia. Según un estudio de Unicef de 1998, un 60 por ciento de los niños y niñas colombianos había sido testigos de asesinatos; un 78 había sido testigos de secuestros; un 18 había observado torturas; y un 40 había disparado a otra persona.

En la misma encuesta, un 62 por ciento de los niños y niñas colombianos afirma que su país está destinado a convertirse en un lugar donde resulta difícil vivir; y cuando se les pregunta cuál es el mayor problema que afecta a Colombia, un 40 por ciento menciona a la violencia en el primer lugar.