Gabriela tiene 29 años, está presa desde hace seis y medio por un delito de homicidio por el cual fue recientemente sentenciada a 23 años de prisión. Estudia Derecho desde 1998 y es portadora de VIH. Preocupada por su salud –y por su futuro– lanza, desde la Cárcel de Cabildo, lo que ella llama un “desesperado grito de socorro”.

Gabriela Maldonado conoció su condición de portadora del virus de inmunodeficiencia adquirida estando recluida, y fue en la Cárcel de Cabildo donde comenzó un tratamiento antirretroviral en noviembre de 1999, que pudo sostener hasta junio de 2001. Desde esa fecha no recibe ningún tipo de medicación específica.

Preocupada por su situación, Gabriela lanzó hace pocos días lo que ella entiende es un “desesperado grito de socorro”, al enviar una carta a la Comisión Tripartita creada en marzo de 2002 para analizar temas carcelarios, y en la que confluyen representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta comisión pretende ir mucho más allá del diagnóstico: también propone, gestiona, hace seguimiento y fomenta la comunicación con las personas encarceladas.

Suspensión de tratamiento antirretroviral

En la carta dirigida a los representantes parlamentarios ante la comisión –diputados Guillermo Chifflet y Edgar Bellomo– a la que tuvo acceso La República de las Mujeres, Gabriela expone lo que para ella es una actitud contradictoria del juez Homero Rivero, que lleva su causa en el departamento de Colonia: reiteradamente, le ha negado la posibilidad de salir de la cárcel para llegar hasta el Instituto Nacional de Higiene, donde se le suministraba la medicación antirretroviral.

Contactados por La República de las Mujeres, los doctores Jorge Banquero, del Servicio Infecto Contagioso de la Dirección Nacional de Cárceles, y Alejandro Estéves, del Instituto de Higiene, por un lado no avalan los planteamientos de Maldonado y por otro agregan elementos de la propia realidad sanitaria del país.

Estos médicos sostienen que el Servicio de Enfermedades Infecto Contagiosas del Instituto de Higiene dispone de una cantidad limitada de tratamientos mensuales para pacientes de VIH/Sida en situación de reclusión. Su administración es habilitada o no por una comisión integrada por los profesionales tratantes y por la Dirección del Servicio Penitenciario.

“Gabriela Maldonado estuvo en tratamiento antirretroviral específico y lo abandonó dado que se le complicó el retiro de la medicación. En estos casos, el Instituto da una serie de oportunidades, pero si la persona no se presenta, actúa de forma muy estricta, dada la escasez de recursos y la necesidad de entregar el tratamiento a otros pacientes.De todas maneras, nosotros la seguimos controlando cada 10 días, igual que a todas las pacientes de VIH del establecimiento, y en la última oportunidad que le realizamos muestras de su carga viral y población linfocitaria –el 25 de febrero de este año– resolvimos que no era necesario que retomara el tratamiento ya que no mostraba niveles de carga que lo ameritaran”, afirma Jorge Banquero y confirma Alejandro Estéves.

“Hoy -continúan los facultativos- la situación de ella es estable, tiene un buen estado general de salud. La vamos a seguir controlando y a hacer todo lo que tengamos que hacer para mantener ese buen estado, y cuando consideremos necesario que se retome el tratamiento seguramente así se hará”.

Sin salidas transitorias

Otro reclamo de Gabriela Maldonado tiene que ver con sus salidas transitorias canceladas este año: “Vale destacar lo contradictorio del señor magistrado –sostiene la denunciante–, dado que en el año 2001 me autorizó salidas transitorias especiales para las fiestas tradicionales, con una carga horaria de 40 horas (...) y un año después me niega toda hora, habiendo transcurrido un año más dentro del establecimiento sumando buena conducta y ocupándome en superarme sin ninguna irregularidad”. La última audiencia se celebró el 28 de marzo de 2003, en la ciudad de Rosario.

“Desde el momento de mi detención hasta la fecha he evolucionado favorablemente en todos los aspectos. Comenzando con una terapia de rehabilitación (...) En 1998 tuve la oportunidad a través de un convenio con el INJU (Instituto Nacional de la Juventud) y el Ministerio de Trabajo de capacitarme en diferentes áreas dentro de la informática y la administración de empresas, haciendo diversos cursos para hacer pasantías a posteriori fuera del establecimiento.”

“Dentro de este programa de inserción y rehabilitación -prosigue Gabriela Maldonado- en cuanto a lo laboral el señor juez de mi causa decide retirarme las salidas a tal efecto, habiendo cumplido sin irregularidades, en tiempo y forma, quedando más de una vez sola depositada en la Plaza Independencia a la espera de que la camioneta judicial me recogiera”, describe Maldonado, quien reclama “que las personas e instituciones incidentes en el tema asuman un compromiso en pro de la justicia y para hacer valer los derechos humanos”.

El camino de la rehabilitación

Entre paciente y médicos hay discrepancia en cuanto a la necesidad del tratamiento antirretroviral, y también la hay entre las expectativas de Gabriela Maldonado respecto de su futuro y las decisiones del juez que lleva su causa.

Lo cierto es que una mujer joven, con casi l7 años de reclusión por delante, está visualizando una reinserción social con más de 40 años de edad, y pretende prepararse para ello, tanto física como culturalmente. Es función de los establecimientos carcelarios promover el camino de la rehabilitación, y a esta presa no parecen faltarle ganas de recorrerlo.

“Como parte de la autoprofilaxis del delito inicio la carrera de Abogacía en el año 1998, en la Facultad de Derecho, dando exámenes en calidad de libres dentro del establecimiento, donde concurre la mesa examinadora. En la actualidad estoy preparando para rendir materias de tercero y cuarto año (Procesal 1 y 2)”, informa Gabriela. La voz la tienen ahora las autoridades competentes a las que Gabriela Maldonado apela en su denuncia pública.