De nuevo se siente el vacío. La desolación de la pérdida es algo indescriptible. La negación y la desesperanza que dan origen a la ausencia. Todo ello se entremezcla tras escuchar la absolución de tres oficiales militares implicados en ordenar a su subalterno, Noel Beteta, dar muerte a Myrna Mack hace 13 años.

El miércoles pasado, la Sala Cuarta de Apelaciones absolvió a Juan Valencia y anuló la sentencia de primera instancia emitida en su contra. Además confirmó la absolución de Edgar Godoy y Guillermo Oliva, también acusados del asesinato de la antropóloga.

Dicho fallo judicial, que todavía puede ser revocado, también ha suscitado risas socarronas y comentarios cínicos de quienes califican los juicios contra militares como acciones de guerra contra el ejército. Los mismos que no ven mancha en el proceder de la institución armada ni en sus oficiales durante el conflicto armado interno.

Quizás esa sensación de vacío fue mayor para quienes están enterados de que Valencia admitió haber transmitido la orden para asesinar a Myrna Mack, sólo en cumplimiento de órdenes. Cómo imaginar que después de tal constatación, en lugar de recibir la sentencia en segunda instancia, tres magistrados le dieron un pase de salida junto a sus eslabones de mando cuando estuvieron en el Estado Mayor Presidencial hace 13 años.

Puede ser que pronto desaparezca esa desolación que provoca la impunidad, gracias a la fortaleza adquirida durante años de lucha. Convicción que hace una década se centraba en unos cuantos y hoy es compartida por miles de personas en múltiples lugares del país, que han seguido el proceso como su defensa a la justicia.

Este caso judicial es tan importante porque ha permitido a la opinión pública conocer pormenores de la política contrainsurgente que llevó al genocidio, desapariciones forzadas, torturas; en suma, las prácticas represivas del Estado de Guatemala.

También es relevante porque, una vez demostrada la culpabilidad del autor material (un especialista del ejército), aborda la responsabilidad de oficiales castrenses como autores intelectuales del asesinato de una antropóloga, quien en sus investigaciones demostró cómo el ejército reprimió a centenares de comunidades consideradas “base social de la guerrilla”.

Helen Mack (hermana de Myrna) y sus abogados impugnarán esa resolución jurídica. Ella ha dicho que continuará por las vías legalmente establecidas. Tal actitud seguramente seguirá estando acompañada por mujeres y hombres, a nivel nacional e internacional, cuya resistencia es a toda prueba.



* Periodista mexicana residente en Guatemala, coeditora de la publicación feminista laCuerda, columnista del Diario elPeriódico y especialista en investigaciones periodísticas referidas a la problemática rural y la tierra, así como en capacitaciones acerca del manejo de medios. El artículo fue publicado en el Diario elPeriódico, Guatemala, el 10 de mayo 2003.