La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) expresó su grave preocupación respecto a los hechos de violencia contra mujeres en Brasil, a manos tanto de individuos privados como de oficiales del Estado, durante la presentación de su informe Violencia contra las mujeres en el Brasil, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que sesionó a principios de mes.

En años recientes, Brasil ha introducido varias iniciativas con el objetivo de promover y proteger los Derechos Humanos de las mujeres. Por ejemplo, el nuevo Código Civil del 2003 incluye el principio Constitucional de igualdad entre los hombres y las mujeres.

Sin embargo, las mujeres afrontan la desigualdad en muchos aspectos de sus vidas: altos niveles de desempleo, desigualdad en la representación a nivel gubernamental, desigualdad de oportunidades educativas, así como discriminación en la familia.

En otro plano, la violencia doméstica se encuentra ampliamente expandida en Brasil. Sin embargo, fuera de unos pocos artículos, en la legislación brasileña no existen leyes específicas para tratar los casos de violencia doméstica (los cuales son considerados como crímenes de carácter menor).

Adicionalmente, las mujeres sufren un nivel de desempleo mayor que el de los hombres, y cuando están empleadas suelen tener empleos precarios y pobremente remunerados; lo cual hace que dependan económicamente de sus compañeros; por tanto, no puedan alejarse cuando se encuentran involucradas en relaciones violentas.

Igualmente, la falta de instituciones encargadas de acoger provisionalmente a las víctimas de violencia doméstica, alimentan una situación en la que las mujeres no tienen prácticamente más opción que mantener la cohabitación con los perpetradores de la violencia. Incluso, cuando las mujeres denuncian la violencia doméstica, la policía y la rama judicial no toman los casos con seriedad.

Se informa que sólo el 2 por ciento de las quejas relacionadas con violencia doméstica logran una orden de detención contra el perpetrador; sin embargo, en estos casos la pena impuesta es muy leve. Como resultado, una cultura de la impunidad se encarga de rodear este tipo de crímenes en el Brasil.

Por otra parte, el Código Penal discrimina a las mujeres víctimas de una violación, al permitir que el hombre que ha ejecutado la violación sea exento de castigo, si ofrece contraer matrimonio con la víctima ("reparatory marriage").

Adicionalmente, las provisiones del Código Penal, relacionadas con abuso sexual menor, requieren que la víctima sea catalogada como una mujer "honesta". Este juicio moral de las víctimas de violencia sexual por parte de la policía y la rama judicial, ha provocado una falta de confianza frente a la aplicación de la ley en estos casos, y una cierta abstención a la hora de denunciar actos de violación y otras formas de violencia contra las mujeres brasileñas.

Además, se estima que un millón de abortos ilegales se llevan a cabo cada año en Brasil. El aborto es la quinta causa de visita a los servicos de salud pública, y la tercera causa de muerte por maternidad en el país. De manera general, el aborto es ilegal en Brasil, sin embargo la ley lo permite cuando la vida de la madre corre peligro, o en caso de violación.

El Gobierno ha fracasado a la hora de proteger a las mujeres de la violencia, ya sea ésta perpetrada por oficiales del Estado o individuos privados.

El informe de la OMCT concluye que aunque Brasil tiene el deber de prevenir, investigar, combatir y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres (de acuerdo a las leyes internacionales e independientemente de quienes sean los perpetradores), esta obligación no ha sido adecuadamente implementada en el territorio nacional.