Cada diez minutos, una familia colombiana se ve forzada a abandonar su vivienda, su barrio, su pueblo. Este desplazamiento, única alternativa para protegerse del conflicto armado, es una catástrofe que se expande cada vez más en ese país. Las mujeres, las niñas y los niños son quienes mayores consecuencias sufren.

(Colombia, Cerfami) Las cifras sobre el desplazamiento forzado, consecuencia de la violencia, entregadas por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), son impactantes: la población desplazada en Colombia entre 1985 y el tercer trimestre del año 2002 es de 2.855.410 personas.

En el trimestre comprendido entre julio 1 y septiembre 30 de 2002, el desplazamiento forzado interno presentó un incremento significativo respecto de las estimaciones de los últimos 17 años. En esos tres meses, el número de personas obligadas a desplazarse en Colombia alcanzó la cifra de 149.387, frente a las 90.179 y 113.554 de los dos primeros trimestres. Es decir, un promedio de 1.623 personas cada día, 67 personas cada hora, una familia cada 10 minutos.

La situación en Medellín (segunda ciudad de Colombia, a 400 kilómetros aproximadamente, al noroeste de la capital) no es más alentadora. La Personería de esta ciudad, en su informe sobre derechos humanos, informa que entre el 1 de octubre de 1998 y el 6 de noviembre de 2002, más de 57.000 personas abandonaron sus tierras en el campo y se desplazaron a esta localidad.

La crisis humanitaria que motiva al desplazamiento se expresa en masacres, asesinatos selectivos, desplazamientos masivos y comunidades sitiadas, donde los denominadores comunes son la desprotección y desatención estatal. Frente a esta situación, el Estado se manifiesta sólo con respuestas reactivas, parciales, tardías, de bajo presupuesto, y aisladas de programas o políticas de intervención continua.

Deterioro de las condiciones de vida

El drama de las y los desplazados no termina con el abandono de sus lugares de origen. En el nuevo espacio, esta población debe abrirse camino en un entorno diferente, que pocas veces ofrece oportunidades de empleo, educación, vivienda, salud o de satisfacción a cualquier otra necesidad básica.

En cuanto a la salud, y específicamente la salud sexual y reproductiva, la situación de la población desplazada y marginada es más apremiante que la de la población en general.

Según una investigación realizada en 2001 por Profamilia (institución colombiana dedicada a la investigación y promoción en salud sexual y reproductiva), el 30 por ciento de las mujeres desplazadas en edades entre los 13 y los 19 años ha estado embarazada: el 23 por ciento ha sido madre y el 7 por ciento está esperando el primer hijo. Esta cifra es mucho más alta que el porcentaje nacional para la misma población, que fue del 19 por ciento, según la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del año 2000.

Más aún, el 60 por ciento de las adolescentes desplazadas y marginadas entre 15 y 19 años de edad no usa métodos anticonceptivos y el 19 por ciento de las mujeres en general no conoce la citología vaginal, con lo cual se reducen las posibilidades de detectar a tiempo enfermedades mortales como el cáncer de útero. Los problemas de salud comienzan con la desinformación y ello deriva de la debilidad y de la ausencia de programas de promoción y prevención.

La violencia, uno de los componentes que deteriora la salud sexual y reproductiva, se presenta con más frecuencia entre estas mujeres, de las cuales un 52 por ciento ha sufrido alguna forma de maltrato físico y un 9 por ciento ha sido obligada a tener relaciones sexuales con personas diferentes a su cónyuge. Estas agresiones se han transferido también a los y las menores, a través de golpes y castigos físicos, que fueron más comunes en estas comunidades que en el contexto nacional.