Las políticas públicas en salud el Perú, principalmente en el campo de la salud sexual y reproductiva, vienen sufriendo una serie de transformaciones que se traducen en discursos y acciones regresivas necesarias de entender y contextualizar. Por un lado, nos encontramos con una corriente política que trasciende nuestras fronteras, liderada por el Gobierno de Bush, y por el otro, la organización interna, liderada por los sectores más conservadores, que se hallan ubicados en puestos claves de poder, tanto en el ejecutivo como en el legislativo.

Por lo tanto, lo que sucede en el Perú no es obra de la casualidad ni mucho menos de decisiones aisladas. Tenemos una agenda organizada, producto del trabajo de muchos años y que afectan las esferas más sensibles: el control de los cuerpos, de la sexualidad y de la reproducción.

Probablemente, podemos ensayar algunas explicaciones de porqué ello viene sucediendo. Primero, una estrategia de los conservadores (la mayoría hombres) para ser ubicados en las distintas fuerzas políticas, por lo que, de cualquier modo, pudieran llegar al gobierno. Segundo: la demora y la abulia del Estado para implementar los compromisos internacionales en cada una de las gestiones anteriores. Tercero; el escaso involucramiento de la población en la defensa de sus propios derechos y cuarto: La escasa experiencia en participación y control ciudadano entre otros. Cualesquiera sean las razones, hoy nos encontramos en un panorama difícil, en donde el reto no es cómo avanzar, sino cómo evitar el retroceso.

Aunque mucho del debate público ha tenido que ver con lo ideológico, tenemos que señalar que no es el único problema que existe en el sector salud, también hay un serio problema de gestión. La Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial 69, señala, por ejemplo, los serios problemas de abastecimiento de métodos anticonceptivos en los servicios públicos, cobros indebidos que afectan a las poblaciones más pobres, pero que además se constituyen en abusos de poder con quienes menos pueden protegerse, debido a la ausencia del Estado.

Pedro Franke, economista, en su informe sobre el gasto en el Ministerio de Salud, señala que para el 2002, el Ministerio de Salud ha dejado de ejecutar 117 millones de soles, lo que equivale a un 6 por ciento de su presupuesto. Esta falta de ejecución no se debe a un recorte de fondos asignados, sino a la propia ineficiencia del sector, que ha afectado principalmente al área de prestación de servicios, mientras que en el área administrativa las ejecuciones se han incrementado en 196 millones, aumentando lo programado en un 46 por ciento.

Hay otros ejemplos, como el de la manipulación de las cifras, pues el Ministro señala que su gestión ha permitido reducir la muerte materna en un 7 por ciento. Quienes trabajamos en este campo, sabemos que una reducción de muerte materna de estos valores no es significativa. Sin embargo, asumiendo este cambio como válido, los propios reportes del Ministerio de Salud señalan que las cifras de mortalidad materna siguen sin modificarse.

Las primeras señales de alarma que las organizaciones de mujeres recibimos se hicieron conocer a través de los Lineamientos de Política Sectorial para el periodo 2002-2012, documento que norma la política de salud. En dicho documento se observó lo siguiente:

1. La ausencia de toda referencia de género, no sólo como término, sino como eje de análisis de sus propios diagnósticos, invisibilizando los procesos explicativos de salud-enfermedad que tiene como sustento las inequidades de género.
2. Referencias antojadizas sobre la dinámica poblacional; “lento proceso de envejecimiento”, “de fecundidad proyectada por debajo del límite de reposición”, de la reducción de “nuevos ingresantes a la Población Económicamente Activa”, que da a entender que nuestra población tiende al exterminio, lo cual no es acorde con la realidad, ni es la explicación del problema y muchos menos, forman parte de las opciones reproductivas de las personas.
3. El enfoque de solidaridad como un asunto de política y una ausencia del enfoque derechos ciudadanos, dado que no establece ni garantiza los mecanismos y espacios para ejercitar nuestros derechos, y
4. La familia como unidad básica de salud, subsumiendo los derechos individuales, ampliamente reconocidos por la Constitución del Estado.

Partimos por reconocer que la salud sexual y reproductiva no puede estar aislada de un análisis de la salud en general. En Perú hay serios problemas que van más allá de la salud sexual y reproductiva, en donde es evidente la irresponsabilidad o ausencia del Estado, tales como los problemas relacionados a la tuberculosis, hepatitis, malaria, que afectan a toda la población en general. Sin embargo, tampoco nadie puede dudar que la salud sexual y reproductiva se halla en los objetivos de los sectores conservadores, lo cual termina afectando de manera particular a las mujeres. Esto ha hecho, en organizaciones como Flora Tristán y otras, que la salud sexual y reproductiva se convierta en un tema emblemático del derecho a la salud.

En este contexto, desde nuestro punto de vista, alcanzan mayor relevancia los siguientes aspectos:

El aborto como problema de salud pública y responsabilidad del Estado. Tanto el Primer Ministro como el Ministro de Salud han tratado sistemáticamente de negar que en Perú se producirían 350,000 abortos, tal como lo señala el estudio de Flora Tristán y Pathfinder. Sin embargo, hay que señalar que estas cifras están en base de datos oficiales del propio Ministerio, en donde son atendidos, cada año, alrededor de 35.000 mujeres a causa de aborto incompleto. Todos y todas sabemos que los abortos hospitalarios constituyen una mínima expresión de la realidad. Desde nuestro punto de vista, el intento de negar las cifras tiene como finalidad desconocer al aborto en tanto problema de salud pública y como un asunto de injusticia social que afecta a las mujeres más pobres. Su desconocimiento como tal, también busca eludir al propio Estado de su responsabilidad en la provisión de información, servicios y recursos para acceder a una maternidad voluntaria.

Derecho a una amplia gama de anticonceptivos, incluyendo la Anticoncepción Oral de Emergencia (AOE). A pesar de la existencia de normatividad que garantiza el acceso gratuito a la anticoncepción en general y ordena la oferta por parte de los servicios públicos, existen serios problemas para que éstos se cumplan a cabalidad. La creación de barreras para que las personas no puedan acceder a la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV) y a otros métodos anticonceptivos, así como la negativa de ofertar la AOE, ha sido motivo de varias protestas, comunicados y emplazamientos por distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, el Ministro continúa aún sin responder a las demandas.

El abordaje de la violencia familiar y sexual como un problema de salud pública. Si bien es cierto, en términos de normas del Ministerio de Salud, que la violencia estaba considerada como un problema de salud mental, en los últimos años, producto del trabajo de sensibilización, había comenzado a abordarse a través de comisiones de trabajo intersectoriales, dándose avances importantes como el registro. Lamentablemente, a la fecha, todo este trabajo ha sido regresado a foja cero, incrementándose aún más las inequidades.

El derecho a educación sexual por parte de los y las adolescentes. En este campo también se habían logrado ciertos consensos acerca de la importancia de dar educación a los jóvenes. No obstante, a la fecha, toda iniciativa dirigida a este objetivo ha sido desarticulada. Las instancias rectoras en este tema, como el Ministerio de Educación, han renunciado a este mandato y han trasladado dicha responsabilidad al Ministerio de Salud, el que obviamente no ofrece ninguna garantía para cumplir con esta responsabilidad.

Revisión legislativa del aborto. Aunque la propuesta de reforma constitucional, hace poco debatida, ha mantenido su trato discriminatorio contra las mujeres penalizando el aborto, la experiencia nos señala que ello no desalienta su práctica, sino que la hace más cruel, causando más muertes. Lo injusto de la ley actual es que tampoco reconoce causales, tales como el embarazo por violación o malformaciones fetales que hacen que la vida del feto sea inviable después del nacimiento. Éste, tal vez, ha sido uno de los temas más difíciles de hacer comprender a los y las congresistas, debido al discurso hegemónico que hay en contra del aborto. Sin embargo, es un tema que ha comenzado a calar en la opinión pública, que ha sido visible a través de un comunicado, firmado por reconocidas personalidades. Es necesario señalar que desde los medios de comunicación también ha habido un cambio importante, así como en la comunidad médica, que han facilitado una comprensión más humanitaria del problema.

Como se podrá ver, el proceso es largo y la confrontación dura. A pesar de ello, podemos decir que también vemos con alguna esperanza que hay más voces que están en la lucha, ya no son sólo las feministas. Lo que muchos llaman la agenda pequeña, ha logrado calarse al debate nacional. Que esto no es suficiente, totalmente de acuerdo, tenemos retos pendientes. Sin embargo, también tenemos avances que nos pueden hacer mirar este futuro con algo de esperanza, para lograr una mayor humanización de las políticas pública.

* Mg. Salud Pública.
Responsable del Programa de Derechos Sexuales y Ciudadanía en Salud, Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.