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(Mujereshoy) Un sacerdote católico chileno fue condenado este martes a 12 años de presidio como autor de abusos deshonestos en contra de 12 niñas menores de edad y de estupro reiterado con una de ellas, informa hoy la prensa local.
El fallo de primera instancia, dictado por la juez Rosa María Pinto, del 16 Juzgado del Crimen de Santiago, inhabilita además a perpetuidad al condenado, José Andrés Aguirre Ovalle, conocido como el "cura Tato", para ejercer cargos u oficios públicos.
Adicionalmente, lo condena a pagar una indemnización por daños morales de 50 millones de pesos (70.000 dólares) a dos de las víctimas, cuyas familias entablaron una demanda civil en su contra.
En breves declaraciones a los periodistas, Pinto explicó que si el condenado no tiene medios para responder a ese pago, deberá hacerlo, bajo el principio de responsabilidad solidaria, el Arzobispado de Santiago.
Al respecto, el Arzobispado señaló en una declaración pública que "discrepa" de la sentencia de la juez, porque "se le imputa responsabilidad por hechos ajenos a su propia actividad eclesiástica y que son de la exclusiva responsabilidad de quien ha incurrido en actos sancionados por las leyes".
Por este motivo, anunció que ejercerá todos los recursos legales procedentes, para no asumir el pago de la indemnización a la que fue condenado José Andrés Aguirre, pues el "Arzobispado no tiene responsabilidad por los actos cometidos por un clérigo fuera de su actividad pastoral".
La sentencia es la primera dictada en Chile contra un sacerdote católico y en virtud de una nueva ley que aumentó los castigos para delitos de carácter sexual.
Aguirre, quien se desempeñó en numerosos colegios católicos de Santiago, especialmente de sectores de altos ingresos, en los que fue durante años profesor y guía espiritual, fue detenido y procesado en septiembre del año pasado, tras las primeras denuncias en su contra.
La atlética imagen del religioso, que acostumbraba a conducir en moto, gustaba de la música juvenil y era muy popular y apreciado por los estudiantes, llenó las páginas de los diarios mientras la jerarquía eclesiástica pedía perdón por sus faltas.
Paradójicamente, Aguirre no fue denunciado por familias de sectores pudientes, pese a que circularon varias historias sobre sus desviaciones sexuales, sino por familias del municipio obrero de Quilicura, al que llegó a cumplir tareas pastorales en 1998.
El caso de Aguirre se produjo cuando la Iglesia Católica chilena se estremecía por la revelación de que el ex arzobispo de La Serena Francisco Javier Cox Hunneus, una de las máximas figuras de la jerarquía y redactor de documentos oficiales sobre moral, había sido separado del cargo por conductas homosexuales.
La defensa del "cura Tato" consideró excesiva la pena y anunció que recurrirá el fallo de primera instancia ante la Corte de Apelaciones.
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