Pocas veces se da una circunstancia que nos llena de plena satisfacción en cuanto al cumplimiento de las promesas electorales. Si en su día nos alegrábamos al comprobar como España se incorporaba a la cabeza de los gobiernos paritarios en Europa –una decisión del presidente Zapatero–, hoy la alegría no puede ser menos cuando una mujer que representa el ejercicio del poder y el liderazgo femenino en el gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, anunciaba la aprobación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de ley que permite el matrimonio y la adopción a la parejas homosexuales para acabar, como declaró la vicepresidenta “con siglos de discriminación”.

Merece la ocasión transcribir las palabras de la vicepresidenta por su claridad, valentía y concisión: “Es un día importante para millones de ciudadanos que sufren discriminación, y es importante para los demás porque juntos avanzamos en igualdad”. Esta ley que el gobierno pretende que entre en vigor el próximo año 2005 convertirá a España en el tercer país en el mundo junto a Holanda y Bélgica en reconocer este derecho.

Una ley que cuenta, además, con la opinión favorable de la sociedad según todas las encuestas realizadas, tanto para el matrimonio como para la adopción, en el primer caso porque representa promover la igualdad real sin la consideración de la orientación sexual de la persona y en cuanto a la adopción porque lo importante es el bienestar del menor y no la orientación de las y los adoptantes.

Esta ley sólo cuenta con la oposición del Partido Popular, que más por vergüenza que por convicción ahora nos presenta una alternativa, por su falta de seriedad y rigor no merece comentarse, máxime porque no reconoce iguales derechos y porque durante sus ocho años de gobierno rechazó sin debate alguno todas las proposiciones de ley que sobre los derechos de Gays y Lesbianas se le presentaron. También ha existido oposición de sectores ultra conservadores y de algunas confesiones religiosas.

La iglesia católica se opone ferozmente y sigue sin saber cual debe ser su papel en una sociedad democrática, así se atreve a declarar que “el estado no puede legislar sobre un derecho inexistente”, o que es que es una propuesta “errónea e injusta”, y, que con esta ley “la familia queda destruida”.

No sé a que familia se refiere o bajo qué poder creen que ellos sí pueden legislar, al atreverse a cuestionar el estado y arrogarse derechos que la sociedad española no les hemos otorgado. Mejor deberían callar por vergüenza ya que las anteriores declaraciones se realizaron el mismo día que otro obispo católico, esta vez austriaco, tuvo que dimitir por un escándalo sexual en su obispado y seminario con más de 40.000 fotografías pornográficas de menores, y en cuya defensa declaró que “eran cosas de muchachos”. Sólo cabe decir que debemos seguir incidiendo en la laicidad del Estado.

En lo que se refiere al aspecto legal, el anteproyecto de ley presentado se encuadra dentro de la Constitución en base a los artículos que promueven la igualdad, la promoción de los derechos en libertad, la dignidad de la persona etc., Artículos 9.2, 10.1 y 14 de la CE y sin que sea obstáculo la redacción del Art. 32.1 referente al derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio.

La reforma del artículo 44 del Código Civil es suficiente para permitir el matrimonio homosexual, bastará añadir una frase que recoja que “la identidad de sexo de ambos contrayentes no impide la celebración del matrimonio ni sus efectos”. Una vez modificado dicho artículo el resto de derechos se entienden recogidos como la patria potestad, la adopción etc. y solo habrá que modificar cuestiones terminológicas en unos 13 artículos para remplazar el término hombre y mujer por cónyuges.

Desde el área jurídica del Eleusis felicitamos al gobierno por esta iniciativa que corrige una discriminación histórica y que supone un avance de la igualdad, y esperamos que el resto de formaciones políticas aparquen convicciones morales y religiosas, es una ley que no atenta contra nadie y si nos beneficia a todas y a todos.