El PSOE anunció la semana pasada que reformulará la ley de interrupción voluntaria del embarazo con la intención de ampliar el aborto hasta las 12 ó 14 semanas de gestación, junto con impulsar mayor información y prevención. En 2002 en España se registraron 77.125 abortos legales, un 10 por ciento más que el año anterior y un 50 por ciento más que hace una década.

(Mujereshoy) La secretaria de Igualdad del PSOE, Micaela Navarro, anunció este 25 de marzo que su partido, reciente ganador en las últimas elecciones presidenciales, reformará la actual Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo para aprobar una ley de plazos que permita abortar libremente entre las 12 ó 14 semanas, pero también incidió en que se impulsará la información y la prevención.

Navarro manifestó que esta reforma se llevará a cabo “lo antes posible; no sé si en el primer año de la legislatura o en el segundo, pero más importante que eso es que la iniciativa cuente con el mayor consenso posible”.

“Vamos a empezar a trabajar en la articulación de una ley de educación sexual y reproductiva de manera amplia, donde se prime la información, la prevención y la planificación, ya que los embarazos no deseados, sobre todo en los jóvenes, han aumentado de manera espectacular”, subrayó Navarro.

Según los últimos datos hechos públicos por el Ministerio de Sanidad, más de 77.000 mujeres abortaron en 2002, un 10 por ciento más que en el año anterior. La tasa de abortos se situó en 8,4 por cada mil mujeres de 15 a 44 años en 2002.

Por edades, los abortos de las menores de 19 años pasaron de una tasa del 3,89 por cada mil mujeres en 1993 a 8,29 en 2001 y a 9,28 en 2002; entre 20 y 24 años, la tasa pasó del 7,75 en 1993 a 14,37 en 2002; y entre 25 y 29 años, del 6,44 en 1993 a 10,72 en 2002.

La ley actual contempla tres supuestos para abortar: grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la embarazada, para lo que no hay límite de semanas de gestación; embarazo por violación, hasta las doce semanas; y presunción de graves taras físicas o psíquicas para el feto, hasta la semana 22.

Según Navarro, esta normativa “no responde a la realidad” y hay que aprobar una ley de plazos para que, en 12 ó 14 semanas, y como última instancia, sea la mujer la que tome una decisión ante un embarazo no deseado.

“Hay que legislar con los pies en el suelo, y los tres supuestos actuales no amparan muchos de los casos en que se encuentran jóvenes y adolescentes”, agregó la dirigente socialista.

Navarro puso el acento en la necesidad de que las y los jóvenes tengan información y acceso a los anticonceptivos: “una buena educación sexual evitaría muchos embarazos no deseados y con ello muchos abortos”, insistió.

“Muchos jóvenes -prosiguió- no tienen información ni de cómo prevenir los embarazos ni de cómo utilizar los anticonceptivos; con ella actuarían con responsabilidad, y el aborto sería siempre la última opción”.

Se ha dado por hecho que los jóvenes tienen medios y los saben utilizar, pero “eso es erróneo, como ha demostrado el aumento de embarazos en los adolescentes y en los jóvenes”.

Según Micaela Navarro, “es prematuro hablar de quién apoyaría” esta reforma; “lo lógico es lograr el máximo consenso. Hay una realidad que demuestra que la ley actual se ha quedado obsoleta y no ha habido campañas informativas porque se decía que era incitar a los jóvenes”.

La ley de plazos del aborto es un proyecto que el PSOE nunca se atrevió a poner en marcha mientras ocupó el poder, incluso hizo algún borrador que aún se guarda en el Ministerio de Sanidad.

Un aborto cada seis minutos

Según los datos de las autoridades sanitarias españolas, cada seis minutos en alguna clínica española se practica un aborto legal. El 98 por ciento de las intervenciones se practican en centros privados y a mujeres que en la mayoría de los casos se encuentran embarazadas de ocho semanas o menos y tienen menos de 24 años.

El principal motivo que se alega para justificar las interrupciones de embarazos es el “peligro físico o psíquico” que la gestación puede conllevar para la madre, uno de los supuestos que contempla la ley. Sólo se requiere un informe psiquiátrico previo que puede firmar un especialista de la misma clínica privada a la que se acude.

El coste por extraer un embrión de pocas semanas es de 300 euros y la intervención no dura más de diez minutos.

Los centros han apreciado una afluencia cada vez mayor de mujeres inmigrantes con residencia en España y que ya tienen muchos hijos e hijas.

La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, Enriqueta Chicano, dijo que en la actualidad la realidad española va muy por delante de los tres supuestos que están despenalizados. “Esta regulación es importante para que deje de producir una situación de doble moral”, recalcó.

Por su parte, la portavoz de la Red de Organizaciones Feministas contra la Violencia Doméstica, Ángeles Álvarez, señaló que el PSOE ha abierto una línea de apuesta decidida por eliminar los obstáculos que impiden a las mujeres hacerse cargo de sus propias vidas. “Se trata de una reivindicación histórica de las mujeres para que puedan optar por el control de su propio cuerpo”, apuntó.

Álvarez pidió también que esta normativa vaya acompañada de una apuesta decidida de formación sexual en el sistema educativo para que “cada vez menos mujeres recurran al aborto como método anticonceptivo”.

La presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Angela Alemany, considera a su vez que una regulación de plazos facilitará a las mujeres tomar una decisión. “La realidad actual demandaba una Ley que le diese cobertura”, insistió.

Al mismo tiempo, requirió que el día de su aprobación se encuentren en el Parlamento los diputados y diputadas necesarias para que vea la luz, en referencia a la última propuesta del PSOE de regular el aborto en la sexta legislatura, que perdió la votación porque faltaron parlamentarios/as en la Cámara Baja.