Organizaciones chilenas de mujeres que trabajan por la salud y derechos de mujeres y niñas, pidieron que una niña de 9 años, embarazada tras reiteradas violaciones por parte del conviviente de su madre, tenga acceso a un aborto terapéutico seguro que le permita evitar el riesgo vital que enfrenta.

(Mujereshoy) En una declaración pública, las organizaciones chilenas de mujeres hicieron este llamado urgente a las autoridades de gobierno, al Ministerio de Salud, al Servicio Nacional de la Mujer, al Servicio Nacional de Menores, al Poder Judicial, a parlamentarias y parlamentarios, “y a todas aquellas entidades con poder de decisión y que se dicen comprometidas con el bienestar de las personas”.

La declaración está firmada por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), Solidaridad y Organización Local (SOL), la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual, la Corporación La Morada, entre otras redes y organizaciones no gubernamentales de mujeres.

Para estas organizaciones es indignante que no se repare el tremendo daño psicológico y físico resultante del abuso sexual y de la posterior violencia que implica gestar al hijo de un violador, a lo cual se agrega que se trata de una niña “a quien se le han transgredido sus más elementales derechos humanos, su integridad física y mental, su proyecto de vida futura, y quien, por su especial vulnerabilidad, no pudo rechazar ni denunciar dicho abuso que se prolongó durante más de dos años”.

La niña de 9 años y que reside en la ciudad de Calama, en el norte del país, quedó embarazada producto de reiteradas violaciones por parte del conviviente de su madre. Hoy, la niña tiene de 23 semanas de embarazo.

Las organizaciones de mujeres piden “el acceso de la niña a un aborto terapéutico seguro y legal que le permita evitar el riesgo vital que enfrenta, al no estar preparado su cuerpo para un evento de este tipo, y que se evite la continuación de un embarazo resultante de una brutal violencia sexual, de frecuente ocurrencia en este país y que, sin embargo, no es sancionada como corresponde”.

El llamado está dirigido en particular a las autoridades de gobierno y de salud para que aseguren a la niña “un aborto terapéutico legal, seguro y gratuito, realizado en un hospital público, al igual que en otros casos similares de niñas abusadas y embarazadas que existirían en diversas regiones y cuyos antecedentes estarían en poder de las autoridades”.

El aborto está prohibido totalmente en Chile desde 1989, año en que la dictadura militar derogó el aborto terapéutico. Desde entonces, las organizaciones de mujeres han pedido que este derecho se restaure, pero sin resultados positivos hasta el momento.

Además, la declaración pública insta a las autoridades a instaurar medidas reparadoras suficientes para que la pequeña, en la medida de lo posible, supere esta situación de violencia extrema de la que fue objeto en el entorno donde era esperable protección, es decir, su hogar.

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Menores, Sename, se querelló contra el violador de la niña de 9 años, Luis Ramos Taral, de 24 años y contra la madre de la niña, Norma Cayo Huanca, acusados de violación y de encubridora del delito, respectivamente. La madre, de 32 años de edad, habría intentado disimular el embarazo de su hija poniéndole una faja, según señaló el fiscal durante la audiencia pública ante el tribunal de garantía de Calama.

El Ministerio Público está estudiando la posibilidad de acusar a la madre como coautora de violación y no como encubridora. La directora del Sename, Delia del Gatto, dijo que la mujer tiene alta responsabilidad en el delito ya que amenazó a su hija de muerte para que no contara que su padrastro la violaba.

El caso de la niña de 9 años violada y embarazada no es el único en Chile. Según la directora del Sename, en los últimos cinco años ha habido en Chile 23 niñas de entre 11 y 12 años que han quedado embarazadas luego de ser violadas.